Paraguay y la rectoría del ahorro

La confianza en el sistema financiero es un bien público, y cuidarla exige rectoría pública, supervisión independiente y reglas claras de concentración. Paraguay lo muestra con una nitidez poco frecuente: el Banco Central del Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank, un banco digital con cerca de 2.9 millones de clientes, equivalentes al 60% de la población adulta, y dejó sin acceso inmediato a sus cuentas a familias, jubilados y organismos del Estado (5 de noviembre de 2026).

Lo ocurrido

De acuerdo con Bloomberg, Ueno comenzó a operar como banco en diciembre de 2023 y llegó a reunir depósitos por unos 2,800 millones de dólares. Infobae reporta que administraba más de 800 millones de dólares de organismos públicos, entre ellos cerca de 380 millones del Instituto de Previsión Social (IPS), la institución que gestiona las pensiones de la mayoría de los trabajadores paraguayos. El 5 de junio, la Superintendencia de Bancos notificó a la entidad un exceso en los créditos a partes relacionadas (préstamos a empresas del grupo). El 2 de noviembre, el BCP inició la resolución bancaria (cierre ordenado de entidades) al constatar un índice de solvencia (capital frente a riesgos) de 5.56%, cuando el mínimo exigido es de 12%. La Fiscalía imputó a ocho directivos y a otras 19 personas, y corresponde a los tribunales determinar las responsabilidades. La crisis alcanzó también el plano político: el presidente presentó su renuncia el 5 de noviembre y el Congreso debe decidir si la acepta.

Lo que revela la arquitectura institucional

El caso ilumina tres capas de una misma arquitectura. La primera es la concentración. Según Bloomberg, los depósitos del gobierno llegaron a representar el 29% de los depósitos del banco a junio, y ABC Color informa que el IPS mantuvo cerca del 11% de su portafolio en Ueno, por encima del 10% que fija la ley, antes de retirar parte de esos recursos en julio. El IPS atribuyó la diferencia a una reclasificación hecha por la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Un límite protege cuando su medición es pública y su verificación es oportuna.

La segunda capa es la distancia entre quien supervisa y quien es supervisado. Reportes de prensa señalan vínculos previos entre exdirectivos de la entidad y la conducción del regulador. La justicia determinará las responsabilidades personales; la lección institucional es independiente de ellas: la credibilidad de un supervisor depende de que su distancia frente a los supervisados sea visible para cualquier ahorrador.

La tercera capa es la protección del ahorrador. La garantía de depósitos paraguaya cubre hasta 75 salarios mínimos por persona, unos 38 mil dólares, y el Congreso aprobó con rapidez una ley para adelantar hasta 40 salarios mínimos mientras avanza la resolución, según Infobae. Esa respuesta ágil muestra capacidad institucional y evidencia el valor de tener los mecanismos listos antes de que la crisis llegue.

La otra cara de Paraguay

El mismo país ofrece una lección constructiva. El Sistema de Pagos Instantáneos (SPI) lo administra el propio BCP, que lo considera un bien público, y concentra el 97.2% de las operaciones del sistema nacional de pagos, con más de 3.8 millones de cuentas, de acuerdo con datos del banco central a noviembre de 2025. La bancarización pasó del 40% al 70% en poco más de una década, según reportó La Nación de Paraguay con datos del BCP, gracias a la gratuidad y la agilidad del sistema. Una infraestructura pública integró a millones de personas al sistema financiero, y la rectoría del Estado sobre la red de pagos avanza junto con la inclusión financiera.

México: consolidar lo que ya funciona

México cuenta con dos pilares comparables. El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) garantiza hasta 400 mil UDIs (unidades de valor indexadas) por persona y por banco, más de 3.4 millones de pesos en 2026. El Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), desarrollado y operado por el Banco de México (Banxico), procesó en 2025 más de 7,300 millones de transferencias por cerca de 600 billones de pesos, equivalentes a 16.8 veces el producto interno bruto, según la gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja.

Sobre esa base, México puede dar tres pasos de consolidación. El primero es publicar periódicamente la concentración de fondos públicos y previsionales por institución financiera, con límites verificables. El segundo es fortalecer las reglas de distancia entre supervisores y supervisados, con periodos de espera para quien transite de un lado al otro. El tercero es ampliar la interoperabilidad (conexión entre sistemas distintos) de la infraestructura pública de pagos con una mirada de equidad territorial: un funcionario de Banxico señaló que en estados del sur como Chiapas y Oaxaca entre 80% y 90% de los pagos todavía se hacen en efectivo.

Corolario

El ahorro, las pensiones y los pagos forman parte de la infraestructura moral de un país, porque detrás de cada cuenta hay una quincena, una medicina, una jubilación. La soberanía financiera se construye con rectoría pública sobre la infraestructura de pagos, límites claros para los fondos del Estado y supervisión con distancia institucional. Paraguay enfrenta hoy la tarea de reconstruir la confianza. México puede ser un país que la cuide antes de que se ponga a prueba, con certidumbre, transparencia y dignidad cotidiana para cada ahorrador.